Tras las publicaciones sobre supuestos recibos de gastos sociales de la Legislatura firmados en blanco y al manejo poco transparente de fondos públicos, la prensa recibió una serie de intimaciones para que se rectifique la información.
LA GACETA se hizo eco durante la semana pasada de documentación que había sido aportada en 2016 a la Justicia Federal. Esos papeles fueron incorporados a la causa que investiga la presunta evasión impositiva por parte de los legisladores mediante el -ya derogado- sistema de gastos sociales (también conocidos como gastos de bloque o ayudas sociales a personas). La hipótesis del denunciante, el peronista disidente Oscar López, es que la Legislatura utilizaba ese régimen para efectuar pagos en negro o sobresueldos, en paralelo a la dieta (única paga habilitada por la Constitución por la labor legislativa). En 2015, por este concepto, fueron ejecutados $ 615,6 millones. En 2016 el presupuesto para esas supuestas ayudas fue de $ 150 millones.
En la actualidad, el expediente está en la Cámara Federal de Apelaciones, debido a una serie de discrepancias procesales entre el fiscal federal Carlos Brito, quien lleva adelante la pesquisa, y el juez federal Daniel Bejas, quien entiende en la causa. Entre las opiniones discordantes figura si la Legislatura debe remitir las rendiciones de los gastos sociales relativos a junio, julio y agosto de 2015, como pidió el representante del Ministerio Público. El titular subrogante de la Cámara, Julio Silman, se opuso a esa medida de prueba, a instancias de un dictamen de los abogados del cuerpo.
Este diario dio a conocer cuatro de los posibles comprobantes que constan en el expediente. En ellos se observan recibos firmados en blanco, con membrete de la Legislatura, y copias de los documentos de ciudadanos que son afiliados a la Asociación de Trabajadores de la Sanidad (ATSA), según pudo corroborar este diario a través del diálogo. Ese gremio es conducido por el legislador oficialista Reneé Ramírez, quien admitió el año pasado que cobraba $ 150.000 al mes para gastos sociales, aunque no dio a conocer la nómina de los beneficiarios de esos fondos públicos.
A posteriori de la publicación de los cuatro comprobantes, a través de intimaciones judiciales y de la página de Facebook de ATSA Tucumán, se difundió la versión de que LA GACETA había mentido, y se utilizaron agravios contra este diario.
Esas publicaciones afectan el libre ejercicio de la prensa, cuya obligación es contar aquellas cuestiones que se quieren mantener ocultas desde el poder, por lo cual LA GACETA ratifica su comportamiento en la labor de poner luz sobre el manejo de los fondos públicos.